Jornadas de trabajo, indemnizaciones y vacaciones: los puntos más polémicos de la reforma laboral

En el marco de las reformas económicas de segunda generación, el Gobierno decidió avanzar con su ambicioso proyecto de “modernización” laboral e incluyó el texto en el temario de sesiones extraordinarias. Se trata de una iniciativa que reescribe pilares centrales de la Ley de Contrato de Trabajo con un enfoque flexibilizador que, según sostienen los gremios, rebaja costos empresariales a costa de debilitar la posición de los trabajadores en la negociación colectiva.

La irritación sindical no tardó en aparecer: la CGT y, sobre todo, las dos CTA, se declararon en alerta frente a una ofensiva que consideran “lesiva de derechos adquiridos” e ineficaz para generar los beneficios prometidos por el Gobierno, como mayor inversión o productividad. Mientras el Senado sería la primera cámara en abordar el texto, Diputados enfocará en paralelo el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

Según pudo saber Noticias Argentinas (NA), el borrador del proyecto al que tuvo acceso introduce modificaciones profundas en múltiples aspectos del régimen laboral vigente.

Uno de los puntos más sensibles es la presunción de existencia del contrato de trabajo, que deja de aplicarse cuando haya prestaciones de servicios profesionales, oficios u otras modalidades sin relación de dependencia, con emisión de factura. Esto abre un amplio margen para contrataciones autónomas donde hoy se presume vínculo laboral.

Asimismo, se elimina la responsabilidad solidaria de la empresa principal cuando terceriza servicios, salvo casos de maniobras fraudulentas o conducción temeraria. Actualmente, la ley establece solidaridad plena ante incumplimientos con trabajadores y organismos de seguridad social.

Otro cambio relevante es la posibilidad de pagar salarios en moneda extranjera, además de la obligación de acreditar remuneraciones en cuentas bancarias o proveedores de servicios de pago autorizados por el Banco Central.

El proyecto también reordena el régimen de vacaciones, que deberán otorgarse entre el 1º de octubre y el 30 de abril, con notificación previa de 45 días, y habilita su fraccionamiento en tramos no inferiores a siete días.

En materia de organización del tiempo laboral, incorpora el banco de horas, permitiendo compensar jornadas más largas con otras más cortas, siempre sin exceder el máximo semanal legal o convencional.

Respecto del preaviso, se redefine el esquema: los trabajadores con más de cinco años de antigüedad tendrán un preaviso unificado de dos meses, mientras que quienes tengan menos de cinco conservarán el mes vigente. Hoy, quienes superan los diez años acceden a tres meses.

Si bien se mantiene la fórmula de indemnización por despido sin causa —un mes por año trabajado—, se aclara que el cálculo excluye el aguinaldo, vacaciones y premios no mensuales. Para despidos injustificados antes del plazo pactado, ya no podrán reclamarse daños y perjuicios adicionales.

El proyecto también abre la puerta a la creación, vía convenio colectivo, de un fondo de cese laboral que reemplace el esquema indemnizatorio, financiado por el empleador.

Se propone además una reducción de tres puntos en contribuciones patronales para quienes cumplan con aportes a los Fondos de Asistencia Laboral, y se fijan servicios mínimos obligatorios del 75% en áreas esenciales y del 50% en actividades de importancia trascendental.

En cuanto al período de prueba, se ratifica su extensión a seis meses —ya contemplada en la Ley Bases— y se prohíbe utilizarlo más de una vez por trabajador.

El proyecto dedica un capítulo al régimen de repartidores por plataformas, garantizando libertad de conexión, elección de horarios y aceptación o rechazo de pedidos, mientras que el empleador deberá proveer elementos de seguridad vial.

También limita la ultraactividad de los convenios colectivos, que dejarán de regir plenamente tras su vencimiento, salvo en las cláusulas normativas hasta que un nuevo acuerdo entre en vigencia.

Por otra parte, otorga prioridad a los convenios por empresa frente a los acuerdos por actividad, impide extender tutelas sindicales a suplentes o congresales, y fija un crédito horario de hasta diez horas mensuales para delegados titulares.

El texto endurece la definición de infracciones muy graves, incluyendo bloqueos, daños, amenazas, obstrucción de ingreso o egreso a establecimientos y retención indebida de bienes.

Finalmente, crea el Programa de Formación Laboral Básica, destinado a personas que no hayan accedido a competencias mínimas para su inserción en el mundo del trabajo.

El debate promete un fuerte choque político y sindical en pleno inicio de las extraordinarias, con un oficialismo decidido a avanzar y una oposición gremial que anticipa resistencia en todos los frentes.